El fin de semana del 15 y 16 de mayo de 2021, los votantes en Chile eligieron a los delegados que asistirán a la convención que compondrá una nueva constitución para el país. Esta elección, en sí misma, fue una concesión lograda a través del levantamiento del 2019. La derecha fue decisivamente derrotada en estas elecciones, pero ningún partido de la izquierda institucional logró una mayoría. Los medios tradicionales han anunciado este resultado como una victoria de la política “independiente”—pero ¿qué significado tendrá esto para los movimientos autonomistas que dieron impulso a los políticos izquierdistas en primer lugar? En este análisis, nuestro corresponsal en Chile explora la tensión irreconciliable entre la política de la representación y la política de la acción directa.

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La victoria electoral de la izquierda no institucional en Chile es el más reciente desarrollo en una historia que se ha desenvuelto por años, desde la “marea rosa” que llevó al poder a políticos como Luis Inacio “Lula” da Silva en Brasil a la victoria de Syriza en Grecia después de las movilizaciones del 2011. En cada uno de estos casos, los fracasos de la política centrista y de derecha pavimentaron el camino para estas victorias electorales. Pero los partidos de izquierda han enfrentado grandes dificultades para cumplir con sus promesas, y políticos de una derecha aún más extrema los han sucedido—Bolsonaro en Brasil, Nueva Democracia en Grecia. ¿Cómo pueden los movimientos sociales horizontales navegar la situación que se obtiene de las victorias electorales izquierdistas de manera que sus destinos no estén atados al devenir de los partidos políticos y sus gobiernos?

Chile tiene una historia de acción directa derechista y anti gubernamental que complican aún más la situación. En una era en la que el poder del estado es una papa caliente que quema a quien sea que la sostenga, incluso en momentos en los que parece que la élite gobernante ha sido derrotada, debemos mantener nuestra mirada en el futuro y prepararnos para el siguiente round.

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Parte I: Fragmentación del Aparato del Estado

Antes del referéndum constitucional de octubre pasado, ofrecimos estas reflexiones sobre la próxima ola de campañas electorales:

Aunque el aniversario del primer año de la revuelta chilena se aproxima con rapidez, no estamos seguros de que depara el futuro para Santiago. Hemos visto el discurso alrededor de este movimiento cambiar de un movimiento por la Dignidad a un movimiento en contra de la constitución heredada de la dictadura de Pinochet. El 25 de octubre, una semana después del aniversario de la revuelta, los chilenos votaran en un referéndum nacional para decidir si debe realizarse una convención constitucional para reescribir la constitución. La izquierda institucional se ha apresurado en culpar a la actual constitución de los males de la sociedad—es una manera de sacar la atencion de como los arreglos institucionales entre la dictadura y su oposición crearon esta situación… cuando suplantaron a los miles que lucharon valientemente en contra del ejército y la policía para convertirse en los líderes designados de la oposición a Pinochet.

En consecuencia, nuestro conflicto actual enfrenta a la nueva comunidad de revuelta tanto al estado como a su oposición institucional. Esta lucha determinará si es que la revuelta chilena será una en torno a vivir la vida con dignidad o a perpetuar los arreglos institucionales que nos alienan de nuestra experiencia, nuestra historia, y nosotros mismos. A pesar de la manera en que la suspensión de la revuelta ha hecho invisible a su comunidad, su presencia es visible en todos lados… Los movimientos en la calle tienen un rol más grande que solo “proteger marchas” o ejercer presión para que alguna figura pública camine a través de la puerta giratoria del gobierno estatal; sirven para crear las condiciones para que otras ideas agarren, para que otras posibilidades echen sus raíces.”

La Elección Constitucional

El fin de semana del 15 y 16 de mayo tuvo lugar una mega elección en la que los votantes de todo el país eligieron entre candidatos que competían por cargos de alcaldes y concejales de los gobiernos locales y regionales y delegados para la convención que escribirá una nueva constitución para Chile. Esta elección estaba originalmente programada para el 15 de abril, pero los partidos políticos acordaron posponerla un mes y celebrarla en dos días, en respuesta a la segunda ola de la pandemia de COVID19 en Chile.

Las asambleas territoriales y organizaciones sociales que han participado de estas elecciones enfatizan tres principios sobre cómo debería funcionar la gobernanza política en Chile:

1.) Soberanía popular: Cambiar el sistema político para hacer que el gobierno refleje los intereses de los chilenos de a pie y no la clase política (tanto de derecha como de izquierda) que hasta hoy ha gobernado a través de arreglos institucionales. Responder a las demandas sociales de larga data que hasta hoy no han encontrado respuesta.

2.) Poder popular: Los políticos deben representar los intereses de los movimientos sociales, las organizaciones no institucionales a través de las que los chilenos de a pie articulan sus demandas sociales.

3.) Autonomía territorial: Cambiar el sistema político centralizado que le da mucho poder al gobierno nacional a costa de las municipalidades locales que tienen una conexión inmediata con los chilenos de a pie.

En los meses desde el referéndum, los partidos políticos y organizaciones sociales conformaron listas de candidatos e hicieron campaña para estas elecciones. Las organizaciones sociales han tenido la oportunidad de actuar como partidos políticos, creando sus propias planillas electorales para la convención y desarrollando sus propias elecciones primarias para elegir a los candidatos a alcalde.

La derecha estaba segura de lograr completamente el tercio de los votos que necesitaban para obtener poder de veto en la convención constitucional. En una entrevista en febrero pasado, el Ministro Vocero del gobierno, Jaime Bellolio, aseguraba que, en las elecciones para determinar quien participa del proceso para establecer una nueva constitución chilena,

“Creemos que vamos a ganar 3-0: Vamos por Chile será la lista más votada, será la lista que obtendrá el mayor número de constituyentes y será la lista que obtendrá por sí misma un tercio de los constituyentes”.

Esa no fue la forma en que resultaron las cosas.

• Vamos por Chile: La coalición de partidos pinochetistas y de centro-derecha de Sebastián Piñera.
• Apruebo Dignidad: La lista conformada por el Partido Comunista, el Frente Amplio y sus organizaciones sociales afiliadas.
• Apruebo: Compuesta de la Concertación, la coalición de partidos de centro izquierda que llegó al poder después de la dictadura de Pinochet.
• Del Pueblo: Una coalición de candidatos independientes, muchos afiliados a movimientos sociales sin conexión con los partidos políticos.
• Nueva constitución: Una coalición de candidatos independientes con vínculos con los partidos políticos que no corrieron en las listas de sus partidos.
• Otros: 13 independientes que corrieron como delegados de sus distritos sin vínculos a ninguna lista.
• Pueblos indígenas: Los 17 escaños reservados para los Pueblos Originarios de Chile, elegidos en una votación especial para miembros de alguna de las nueve naciones indígenas de Chile.

Si bien muchas asambleas territoriales se organizaron para promover a sus propios candidatos, las asambleas anarquistas intentaron leer la situación actual y determinar nuestra posición en este cambiante panorama institucional. Antes de la mega-elección del fin de semana pasado, las tendencias anti-institucionales asumieron que lo siguiente ocurriría:

1.) Habría una baja convocatoria a las urnas, lo que sesgaría los votos hacia la derecha.

2.) La derecha obtendría al menos un tercio de escaños en la convención, permitiéndoles bloquear cualquier cambio institucional de envergadura.

De hecho hubo una baja de participación: solo el 43% del padrón electoral concurrió a las urnas. Pero a pesar de que esta baja participación indica una carencia de la “participación popular” que la izquierda institucional asocia con sus principios de soberanía y poder popular, la derecha sufrió una derrota mayúscula en las elecciones. Aún más, ninguna coalición de partidos políticos obtuvo poder de veto, porque los candidatos independientes obtuvieron un 42% de los escaños en la convención. Los medios de comunicación tradicionales acá en Chile han presentado a “los independientes” como el gran triunfador de la elección constitucional, un bloque emergente del estallido social (esto es, el levantamiento de 2019). Pero estos independientes no son una coalición integrada—son un tapiz de listas diferentes, candidatos distintos de diversas organizaciones sociales y diferentes trayectorias de actividad política en Chile.

Esto crea una situación única en la que no hay ningún partido político o líder que represente a la totalidad de los movimientos sociales.

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Los triunfadores notables en la elección de delegados incluyen a la “Tía Pikachu”, una conductora de transporte escolar de 43 años que se convirtió en un ícono de las protestas en Plaza Dignidad y logró un escaño en la convención en la “Lista del Pueblo”, y la Machi Francisca Linconao, una [defensora de los derechos humanos]](https://www.frontlinedefenders.org/es/case/criminalisation-machi-francisca-linconao) y líder espiritual mapuche.¹

https://twitter.com/MujeresRed/status/992793289555357696

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Oficialismo versus Oposición, la “Clase Política” versus “el Pueblo”

Algunos anarquistas han sugerido que, en el siglo XXI, el poder del estado es una papa caliente—argumentando que dado que la modernización neoliberal le ha hecho difícil a las estructuras estatales mitigar el impacto del capitalismo, ningún partido será capaz de mantener el poder estatal por mucho tiempo sin perder credibilidad. Según esta teoría, las tendencias y prácticas políticas alternativas podrán florecer siempre que logren presentarse como oponentes al orden imperante, pero estas tendencias tenderán a perder apoyo popular una vez que sean reducidas a plataformas políticas que los políticos pueden reclamar representar, o bien terminar asociadas—bien o mal—con el partido gobernante.

En Chile, los partidos políticos dominantes fallaron en obtener un asidero en la convención constitucional porque todos ellos representan visiones de un manejo de crisis tecnocrático, que ha sido desacreditado por el levantamiento chileno y la pandemia de COVID-19.

Más personas participaron de la elección presidencial de 2017 que en la elección de mayo de 2021. El 2017, el actual presidente, Sebastián Piñera, ganó con el 53% de los votos. Los partidarios de Piñera apuntaron a la crisis política y económica de Venezuela, amenazando que Chile podría experimentar los mismos problemas si se desviaba de su trayecto neoliberal. También movilizaron los miedos antiinmigración: casi dos millones de inmigrantes, la mayoría de ellos desde Venezuela, han llegado a Chile huyendo de la crisis económica en otros lados. La derecha advirtió que una victoria del Frente Amplio (una coalición de izquierda relativamente nueva) o de Partido Socialista convertirán al país en “Chilezuela”, con inflación rampante, alto desempleo, fondos de pensiones que se evaporan, conflicto social y tiendas vacías, declarando que la única manera de asegurar un futuro estable era apegandose a las políticas neoliberales de derecha.

Irónicamente, la realidad de una “Chilezuela” instable se ha materializado bajo el gobierno de derecha. Si bien fue la revuelta la que demostró que había un amplio descontento con el modelo neoliberal chileno, la respuesta del estado al COVID19 demostró que éste era incapaz de dar respuesta a la crisis. Hasta ahora, la principal forma de apoyo económico por parte del gobierno ha sido permitir a los chilenos retirar el 10% de sus fondos de pensiones privados administrados por el estado (AFP). En Junio de 2020 tuvo lugar la primera protesta masiva desde el inicio de la pandemia de COVID19, en tanto la gente demandaba que el gobierno aprobara estos retiros; el gobierno aprobó dos retiros en Junio y Diciembre. En abril de 2021, el congreso buscó aprobar un tercer retiro, y Piñera hizo todo lo que estaba a su alcance para bloquearlo. La derecha temía que estos retiros podrían dañar irreparablemente a las mega-corporaciones en las que invierten las AFPs.

La derecha tenía escaños suficientes en el congreso como para bloquear esta moción. Si el congreso la aprobaba, Piñera podía desafiar al congreso en el Tribunal Constitucional, que muchos pensaban que se inclinaría en su favor. Sin embargo, aparentemente tomando en consideración los abismantes niveles de aprobación de Piñera (cerca de 15%) y las venideras elecciones, más de dos tercios del congreso aprobaron la ley, incluyendo muchos congresistas de la coalición de gobierno. El mismo día, Piñera apareció en TV flanqueado por los dos candidatos presidenciales más promisorios de la derecha, Joaquín Lavín y Evelyn Matthei, para anunciar que recurriría al tribunal constitucional desafiando al congreso. Una semana después, el tribunal constitucional declaró inadmisible el recurso y obligó a Piñera a promulgar la ley.

El sistema de gobierno chileno le ha otorgado históricamente un amplio poder a la rama ejecutiva del gobierno nacional; esto antecede a la constitución de Pinochet de 1980. Más allá de los esfuerzos que los políticos de la coalición de gobierno hagan por distanciarse de la presidencia, su éxito electoral está últimamente atado a las acciones y políticas que promueva el ejecutivo. Al inicio de la pandemia de COVID19, el presidente Piñera declaró estado de emergencia, introduciendo una serie de restricciones a las libertades de movimiento y reunión y concentrando aún más poder en la rama ejecutiva.

El fracaso del gobierno en recuperarse después de la revuelta y la crisis económica y social creada por la pandemia han permitido a la oposición acumular poder a través de indicar las debilidades del sistema neoliberal chileno. Mientras las tasas de aprobación de Piñera caían y su rechazo se disparaba, la coalición de partidos de derecha se fracturaba al tiempo que sus políticos intentaban distanciarse y presentarse como oposición a Piñera. Este esfuerzo resultó inutil, puesto que su política está asociada al modelo neoliberal que ha fracasado en dar estabilidad frente a la oleada de crisis que empezó el 2019.

Al mismo tiempo, la oposición política también estaba asociada al modelo de gobernanza tecnocrática que ha preservado el neoliberalismo en Chile por años después de la dictadura de Pinochet. Ampliamente vistos como parte de la misma clase política que los partidos en el poder, estos políticos representan el paradigma de la “transición a la democracia” que buscó mantener la estabilidad mediante una lenta reforma de las políticas del dictador. Buscando acuerdos bipartidistas, desarrollando políticas informadas por expertos con entrenamiento universitario, representaban la promesa de que el estado podría aminorar progresivamente los catastróficos efectos sociales del modelo neoliberal.

Así como demostraron estar en completa desconexión con las “demandas sociales” del levantamiento, también se hicieron irrelevantes al fracasar en evitar las políticas “oficialistas”. Cuando Piñera requirió la aprobación del congreso para extender el estado de emergencia después de un año de vigencia, la oposición criticó sus políticas, pero sin embargo aprobaron la extensión. Estos partidos de oposición habían esperado un aumento de las ayudas económicas y la asistencia social—en particular a través de bonos y control de precios (los que son inconstitucionales, pero podrían en teoría ser adoptados durante el estado de emergencia). A pesar de todo, el gobierno rehusó implementar estas propuestas. A cada paso, la oposición hablaba sobre cómo manejarían la crisis si es que ellos estuvieran en el gobierno, o si la constitución de 1980 fuera cambiada. Sin embargo, terminaron demostrando la pobreza del modelo parlamentario, en tanto fueron incapaces de avanzar con proyectos alternativos, aun durante un estado de emergencia en el que era posible esquivar las limitaciones de la constitución de Pinochet.

Antes del Estallido Social, la coalición del Frente Amplio era el niño símbolo de la Nueva Izquierda chilena, presentando una visión de la política electoral que pretendía romper con la oposición institucional. Esta coalición emergió de las protestas estudiantiles del 2011, especialmente en torno al movimiento autonomista, que buscaba disputar la hegemonía del Partido Comunista sobre los movimientos sociales. Su plataforma política estaba supuestamente basada en escuchar a los movimientos sociales de base antes que a los tecnócratas. Sus representantes en el congreso se suponía que representaban a las bases de sus partidos, votando según el consenso de la base de su organización. Sus miembros serían activos miembros de movimientos sociales e iniciativas territoriales autónomas, para mantener el dedo sobre el pulso de las temáticas sociales que sus representantes elegidos podrían atacar. La coalición ganó el 20% del voto presidencial en 2017, y eligió a dos ex líderes del movimiento estudiantil al congreso, Gabriel Boric y Giorgio Jackson.

Sin embargo, más que convertirse en la voz representativa de la revuelta, como hicieran similares partidos en Grecia y otros lados, la coalición y sus partidos virtualmente colapsaron en los meses posteriores a octubre 2019. En el peak del levantamiento, cuando el Partido Comunista y otras organizaciones de izquierda se rehusaban a negociar con la extrema derecha, Boric fue contra el consenso de su partido para firmar el “Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución”. Posteriormente, votó a favor de la ley “anti-barricadas, anti-saqueos, anti-capucha y anti-tomas de terrenos”, que aumentaba las penas por las acciones directas que eran centrales en la revuelta chilena. Consecuentemente, miles de militantes del Frente Amplio y sus organizaciones rompieron sus lazos con la coalición. Muchos de ellos reportan haber sido acosados y escupidos en sus asambleas y barrios.

El surgimiento de los candidatos independientes en esta elección es un rechazo directo de las contradicciones de la nueva izquierda chilena, en la cual jóvenes políticos reclaman representar el poder popular y los movimientos sociales, pero votan en contra de estos mismos principios. De los candidatos independientes elegidos a la convención constitucional, muchos son ex militantes de los partidos políticos del Frente Amplio y de las organizaciones sociales que decidieron que solo lograrían poder político ganando sus propios asientos en la institucionalidad. Otros son activistas que nunca confiaron en la política electoral hasta ahora, pero consideran a esta convención constitucional como la primera vez en la historia de Chile en que los políticos y la elite chilena pueden ser marginados de la redacción de la constitución.

La nueva alternativa está representada por diversos bloques de independientes que ganaron en las elecciones de delegados constituyentes. De muchas formas, esto representa un intento por desarrollar una política electoral que re-trabaje el estado en respuesta a los fracasos que hemos visto en Venezuela, Bolivia, y otros países que han experimentado la llamada “marea rosa”, el surgimiento de victorias electorales de izquierda a inicios del siglo XXI. Para aquellos en la izquierda, ninguna figura central o partido político materializa las esperanzas y deseos de este momento de cambio. Para la élite política y la derecha, parece que no habrá régimen izquierdista alguno que boicotear o en contra del que reclamar intervención extranjera

Elecciones Municipales

A pesar de la crisis de legitimidad del sistema político chileno, algunas personas han mantenido un poco más de fe en la política municipal. La izquierda ha buscado ganar poder en las elecciones locales, ostensiblemente para desafiar las políticas del gobierno central cuando estas van en contra de los deseos de los locales. Los centros metropolitanos de Chile—Santiago, Viña del Mar y Valparaíso—eligieron o reeligieron todos a alcaldes y alcaldesas de izquierda. Las victorias de estos candidatos se debieron a su presentación como instrumentos de los movimientos sociales. En la antesala de la elección municipal, el Partido Comunista y las organizaciones sociales levantaron una primaria alternativa bajo el nombre de “Alcaldía Constituyente”, en la que las distintas ciudades votaron por candidatos levantados por las organizaciones sociales y los partidos políticos. La baja participación en estas primarias se convirtieron en un meme en Santiago, con fotos de los locales de votación vacíos circulando en redes sociales. Sin embargo, la candidata del Partido Comunista y actual concejal, Irací Hassler, ganó la primaria y luego la elección para convertirse en la primera mujer y comunista elegida alcalde de Santiago en toda su historia.

Hassler derrotó al actual alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, un activo oponente de las protestas semanales en Plaza Dignidad y de los vendedores informales en las calles de Santiago. En las primeras semanas del Estallido Social, las asambleas territoriales proliferaron a través de Santiago. Hassler, que ya era miembro del Concejo Municipal de Santiago, estuvo activamente involucrada en su asamblea en el Parque Forestal, un barrio inmediatamente adyacente a la Plaza Dignidad. El actual alcalde, Felipe Alessandri, se coordinó activamente con la policía para militarizar Plaza Dignidad, exponiendo diariamente a los residentes a gases lacrimógenos, balines de goma, y carros blindados cargando por las calles en contra de los manifestantes. En entrevistas, Hassler consistentemente enfatizó la brutalidad policial que día a día amenaza a los vecinos del barrio, que presenta un riesgo mayor que el espectro de la delincuencia al que Alessandri seguía apuntando.

Cuando los Movimientos Anti-estatales terminan Vinculados a Nuevas Instituciones Gubernamentales

Por ahora, los miembros de la izquierda institucional se hacen las siguientes preguntas sobre estrategia política: ¿Cómo podemos evitar que la derecha construya poder e influencia gubernamental? ¿Qué nuevas formas de gobierno pueden permitir que el nuevo sistema político responda de mejor manera a las crisis?

Pero lo que nosotros deberíamos estar preguntándonos son preguntas diferentes: ¿Qué rol tendrá la fuerza autónoma, ingobernable en los conflictos sociales y crisis? ¿Cómo podemos prepararnos para actuar de manera distinta a las corrientes autonomistas del pasado, que fracasaron en su quiebre con la izquierda institucional para terminar haciéndose irrelevantes?

Al escrutar los fracasos de los gobiernos previos de izquierda que también pretendían representar a “el pueblo”, podemos aprender más del complicado mundo de apegos, herejías, alianzas y clientelismo. El problema con el entusiasmo por la convención constitucional, es que puede distraernos de todo lo que podemos hacer por fuera del terreno de la política (representativa), a la vez que el marco conceptual del que se presume nos deja sin preparación para lo que los movimientos de derecha pueden hacer por fuera del terreno a la política (representacional). El riesgo es que permitamos a la derecha ganar impulso como la nueva fuerza “anti-estatal” (con todas las ironías ya banalmente familiares de la época Trump), mientras que los movimientos de izquierda descansan en la policía para reprimir movimientos de derecha—la misma policía que eventualmente será utilizada para reprimirnos a nosotros cuando la derecha cabalgue sobre ese impulso de vuelta al poder.

Examinar cómo emplear la acción directa en los conflictos sociales actuales asegurará que continuemos teniendo un medio para reafirmar posiciones autonomistas en un terreno que de otra forma confiará las posibles soluciones a las crisis a un marco de nuevas y mejores formas de gobierno.

En los centros metropolitanos, es fácil olvidar que las industrias extractivas son el cimiento de la economía chilena: minería, plantaciones forestales industriales, y piscicultura industrial. En el interior chileno, estas industrias han estado en un conflicto de décadas en contra de comunidades indígenas locales, que buscan reclamar su tierra y detener el desastroso daño que estas industrias han infringido en contra de sus territorios. Desde los 90, las comunidades Mapuche se han volcado progresivamente a la acción directa para ejercer autonomía territorial. Luego de décadas de falsas promesas de que las reformas institucionalistas ayudarían a las comunidades Mapuche a recuperar sus tierras y limitar el impacto ecológico de la industria, aparecieron múltiples movimientos de toma de terreno. Algunos de estos empezaron con sus participantes celebrando ceremonias y eventos en tierras usurpadas, para luego construir casas y plantar cosechas ahí. Cada año, más actos de sabotaje han destruido equipos madereros de las compañías forestales, más protestas rurales han bloqueado caminos forestales rurales, y más camiones madereros han sido secuestrados por ladrones de camino anónimos y armados.

Así como el conflicto en torno a la devastación ecológica está destinado a continuar en el interior chileno, las comunidades Mapuche continuarán tomando acciones directas antes que esperar las prometidas reformas institucionales. En respuesta, aun sin representación en gobiernos, la derecha podría ganar poder en el interior utilizando acción directa en beneficio de sus propios intereses.

Por ejemplo, luego de que un conductor de camión fuera herido durante un robo armado, los sindicatos de camioneros más grandes de Chile declararon una huelga para demandar un aumento de la protección estatal en la ruralidad chilena. Por siete días, los camioneros bloquearon el transporte de carga en cada acceso a la carretera panamericana en la araucanía así como en otras secciones rurales de la carretera. En las localidades rurales chilenas bloqueadas por la huelga, los bienes de tiendas y supermercados se agotaron y las bombas de bencina empezaron a racionar el combustible. Al mismo tiempo, los camioneros huelguistas hacen una fiesta en la carretera bloqueada en plena pandemia de COVID19. Videos circulando en redes sociales muestran a los trabajadores en huelga bailando con estriptiseras contratadas para asistir a sus fiestas.

Tanto los pueblos indígenas como la izquierda chilena denunciaron a los camioneros como derechistas, sexistas y potencialmente fascistas. En esta evaluación estaban en lo correcto. Pero en el corazón de la crítica izquierdista se encontraba una condena al doble standard del gobierno de derecha: brutalizar a los manifestantes en Plaza Dignidad pero dejar tranquilos a los camioneros huelguistas. Mientras los carabineros emplean toda la fuerza a su disposición para reprimir cualquier manifestación en Plaza Dignidad, el gobierno nacional termina la huelga concediendo las demandas de los camioneros y garantizando un aumento de la policía en una región que ya se encuentra militarizada.

Más que desarrollar una estrategia para enfrentar conflictos como estos fuera de la política electoral, la izquierda imagina que estos problemas desaparecerán una vez que la nueva constitución chilena sea creada. Detrás de la crítica izquierdista a la huelga derechista se encuentra la realidad de que la izquierda, mientras condena al estado por no reprimir a los movimientos sociales de derecha, carece de estrategia para que hacer cuando ciertos grupos utilizan el poder de la disrupción logística para empujar demandas de derecha siendo ingobernables. Mientras los delegados izquierdistas a la convención constitucional avizoran una sociedad chilena que reconoce su deuda con los pueblos originarios y pone fin a la rampante violencia policial en contra de las comunidades indígenas, carecen de estrategia para responder a los grupos de derecha que usaran su poder económico para prevenir dichas reformas sociales.

En parte, esto es porque el sueño de un futuro sistema político chileno que dé respuesta a las demandas de los movimientos sociales asume como dado que los movimientos sociales serán siempre inherentemente anti-neoliberales, e inherentemente “del pueblo”. Popular. ¿Pero quién es el pueblo? Como hemos visto en Brasil y en otras partes del mundo, la extrema derecha también puede crecer a través de los movimientos sociales que hacen este mismo reclamo de representar a “el pueblo”. Descartar movimientos sociales como el de la huelga de camioneros como derechistas y coludidos con los intereses de la elite económica provee una coartada fácil para no enfrentar preguntas difíciles con respuestas complejas. Por ejemplo, se asume que la nueva constitución deberá garantizar la seguridad laboral y los derechos indígenas—pero ¿qué ocurre cuando los trabajadores reclaman que los indígenas están amenazando su integridad física? ¿Por qué los trabajadores continúan adoptando políticas de derecha cuando un nuevo gobierno en el poder está tratando de representar sus intereses?

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Parte II: Riesgos y Oportunidades

Algunos de los posibles futuros que podrían emerger de estas elecciones.

Riesgo: Una derecha no institucional instrumentalizando el poder económico

Si no desarrollamos una estrategia sobre cómo involucrarnos en los conflictos sociales por fuera de la política electoral, corremos el riesgo de quedarnos con pocas tácticas para afrontar los conflictos sociales que indudablemente ocurren fuera de los nuevos arreglos institucionales. La noción izquierdista de la huelga laboral –instrumentalizando el poder económico de la clase obrera- no aborda la magnitud del poder económico y laboral que la elite también puede instrumentalizar cuando es empujada fuera de las instituciones políticas.

El peligro es que después de la convención constitucional, los movimientos autónomos y de izquierda abandonen el terreno de la ingobernabilidad y la perturbación económica a la derecha. Podemos ver como en Venezuela las sanciones económicas impuestas y la guerra de los dueños de empresas contra el régimen de Chavez incrementaron el sufrimiento generalizado, demostrando la debilidad del gobierno al momento de responder a la crisis que generaron y reduciendo efectivamente el rango de posibilidades al doble vínculo Chavista o anti-Chavista, una catástrofe para los movimientos autónomos horizontales. En vez de tomar al pie de la letra la promesa de una mejor sociedad bajo una nueva y mejorada constitución debemos enfrentar el precedente histórico de que la derecha y las elites económicas van a instrumentalizar su poder económico para sumir en la crisis a cualquier gobierno “revolucionario” recién constituido.

Los años de Allende ofrecen son un ejemplo claro de esto. Kissinger declaró que él terminaría con el régimen de Allende al hacer gritar a la economía chilena; los sectores metropolitanos de Chile pasaron hambre cuando la coalición de fuerzas anti-Allende cortaron las logísticas del país. Esto no fue solo resultado de una política internacional y las sanciones económicas que bloquearon las importaciones del país. Los alimentos también dejaron de llegar a los centros metropolitanos, los bienes básicos se quedaron en los almacenes y las importaciones estaban atrapadas en los puertos. La derecha creció en poder con cada huelga de extrema derecha a la que se sumaban sanciones económicas; y al presentar el desempleo desenfrenado, el racionamiento de bienes de primera necesidad y el incremento de la lucha diaria por la supervivencia como un signo de la ilegitimidad política del socialismo.

https://twitter.com/paddydocherty/status/1267127257090404354

Hay varias razones por las que los trabajadores de estas industrias se pusieron del lado de sus empleadores en vez del gobierno de Allende. Muchos simplemente decidieron apoyar al lado más poderoso, pues asumieron que garantizarían mejor su seguridad personal en medio de la crisis económica del país. Las normas de la relación patrón/cliente perduran en Chile, para algunos trabajadores la apuesta más segura era mantener el patronato de sus empleadores antes que buscar el patronato del gobierno nacional. Algunos trabajadores recibieron recompensas inmediatas por apoyar a su empleador, otros temían las represalias de los mismos. Estas huelgas laborales presentaban una situación compleja en la que algunos sindicatos perturbaban la economía para demandar el fin de un gobierno que claramente representaba “sus intereses”.

El éxito de estas huelgas demostró que la fachada del “poder político” vía representación en el Estado Chileno significó poco comparado al poder económico que los intereses capitalistas fueron capaces de instrumentalizar a través de la interrupción logística. En Hinterland, Philip Neel argumenta que el énfasis izquierdista en los nuevos modelos de representación popular –popular entre los habitantes de los centros metropolitanos- falla en considerar los entendimientos de poder en las zonas del interior, y a su vez, abre espacios a la cooptación de extrema derecha:

“El real avance político visible en la extrema derecha -y la cosa que ha hecho posible su ascenso- es el foco pragmático en cuestiones de poder, las cuales son religiosamente ignoradas por los izquierdistas estadounidenses, quienes en cambio se enfocan en la construcción de elaborados programas políticos y ornamentadas utopías, como si la política fuese un ejercicio de imaginación. Es este enfoque en construir poder en medio de una crisis lo que distingue al partidista del izquierdista, y el juramento es la presente forma organizativa del partidismo.”

La estrategia constitucionalista, al prometer seguridad futura con la condición del sacrificio de la gente en el presente, es la misma estrategia adoptada por los anteriores políticos del orden institucional neoliberal. Mientras en el presente, la derecha chilena se ha visto destrozada debido a su asociación con la política de estado de la era Pinochet, una masiva reforma institucional puede crear las condiciones para que la derecha adopte las herramientas de la perturbación económica una vez más, beneficiándose de una era en la que no es difícil movilizar a las personas en contra del partido gobernante.

Según Neel, “Al brindar incentivos materiales que garantizan estabilidad, en combinación con amenazas de coerción para quienes se oponen a ellos, estos grupos se vuelven capaces de hacer cómplice de su ascenso a la población, independientemente de sus posiciones ideológicas”. Así como la crisis creó las condiciones para una convención constitucional al poner al descubierto las debilidades del orden institucional anterior, la crisis también creará las condiciones para el crecimiento de la extrema derecha no institucional al dejar en evidencia la debilidad de la nueva política institucional.

Y la papa caliente cambiará de manos de nuevo.

Riesgo: Intensificación del Sistema Policial y Carcelario

Dentro de la irreconciliable tensión entre la política de la acción directa y la política de la representación, nos enfrentamos al peligro de que el futuro orden constitucional perpetúe las mismas políticas de “la ley y el orden” que han producido el presente aparato policial en Chile. Hasta ahora, el estado ha mantenido la estabilidiad durante conflictos sociales en escalada por medio de la militarización de la policía y expandiendo el sistema carcelario.

Por ejemplo, a comienzos de los 2000, el gobierno nacional expandió radicalmente el aparato policial en la “zona roja del conflicto Mapuche”. Por medio de protocolos discriminatorios, la policía comenzó a detener a activistas Mapuche y líderes comunitarios de manera sistemática. Esto creó las condiciones para que la policía chilena detuviera o asesinara a un sinnúmero de jóvenes Mapuche, como en el caso de Camilo Catrillanca, asesinado en 2017. Comenzaron a detener y retener a personas Mapuche durante meses antes de sus juicios, utilizando reformas racistas que normalizaban las “detenciones preventivas” contra sospechosxs que se presentaban como un peligro para la seguridad pública. Durante el Estallido Social, la policía chilena y las cortes adoptaron este sistema de detenciones preventivas, y como consecuencia miles de prisionerxs de la revuelta aún se encuentran en prisión esperando un juicio.

La convención constitucional concibe una futura organización política que reduzca el conflicto social finalmente concediendo a las demandas del movimiento social.

De las demandas de la revuelta, la demanda por la libertad de lxs presxs políticxs es sin duda la más controversial. Días luego de su victoria electoral en la convención consititucional, la lista “del pueblo” anunció que no negociaría con la derecha hasta lxs prisionerxs de la revuelta fueran liberadxs. Otrxs demandan que todxs los prisionerxs políticxs mapuche encarceladxs bajo el presente racialmente discriminatorio sistema judicial también sean puestos en libertad como condición para la convención constitucional.

Después de todo, la actual oportunidad de re-escribir la constitución chilena es en parte una consecuencia de la acción militante y valiente de estos prisionerxs políticxs. Es más, si Chile pretende reconoces y abordar su deuda con los pueblos originarios, esto incluye desmantelar el racismo judicial sistemático contra el las personas mapuche encarceladas por su lucha por la autonomía.

Una vez más, el proyecto constitucional de liberar a lxs presxs políticxs y demilitarizar a la policía chilena como una concesión de las demandas del movimiento social no incluye una estrategia en torno a como las políticas constitucionales debieran abordar la acción directa en búsqueda de demandas de extrema derecha. En oposición a la política de la representación, la filosofía central de la acción directa es que es posible negociar poder económico y social para forzar a los gobieros o instituciones públicas para que concedan a demandas. No nos debiera sorprender que, frente a una menor protección policial de su propiedad y viendo a sus enemigos de mucho tiempo puestos en libertad, la extrema derecha use la acción directa en pos de su propia agenda.

Frente a esta estrategia, pareciera posible que un nuevo arreglo político escoja mantener el mismo sistema policial y judicial como una conseción con la extrema derecha—o incluso como una manera de controlar la violencia de la extrema derecha (como nosotrxs vemos que hacen los Demócratas en los Estatos Unidos en respuesta a los eventos del 6 de enero)—mientras que proclaman preocuparse profundamente sobre la deuda histórica con los pueblos originarios y lxs prisionerxs políticxs. Los gobiernos de Syriza, en Grecia, y Dilma Rousseff, en Brasil, hicieron exactamente eso, preparando el camino en ambos casos para la represión de los movimientos sociales que originalmente los apoyaron.

Dentro de una crísis política catapultada por acciones directas en escalada por parte de la derecha y la izquierda— como ocurrió, por ejemplo, en Brasil en el 2013—las políticas de la ley y el orden se presentaron como medios para mantener la estabilidad. En la Araucanía, la huelga de camionerxs de extrema derecha es solo un ejemplo de una organizació de extrema derecha más amplia. Asociaciones de negocios agrarios están pidiendo que el gobierno aumente la presencia policial en el área mientras que el antiguo personal militar se organiza en grupos de auto-defensa para protefer la propiedad, un paso hacia la violencia paramilitar ya conocida en Colombia. Grupos armados como el Comando Trizano y el APRA han organizado patrullas con el pretexto de defender la propiedad de los terratenientes; ellxs hicieron uso de lo que se conoce como “doxxing” en contra de activistas Mapuche y ambientalistas para amedentrarles.

Apesar de que la extrema derecha lo describe como terrorismo, la acción directa Mapuche ha tomado la forma de auto-defensa dentro de este contexto de estado- y supra violencia estatal en contra de las comunidades Mapuche. Es muy probable que, cuando las herramientas políticas de la mediación y acuerdos bipartisanos lleguen a su límite, las instituciones políticas que buscan gobernar tornen las herramientas de la violencia de estado en contra de aquellxs que ponen en envidencia el hecho de que la representación política no puede resolver la crisis de nuestros tiempos.

Potencial: Labrar Espacios que Sean Ingobernables

El gran éxito de los candidatos independientes en la convención constitucional ha creado las condiciones para que la gente hable de los “independientes” como si fueran un cuarto bloque de poder en oposición a las tres grandes coaliciones de partidos políticos. Sin embargo, no hay ningún bloque unificado “de izquierda” en el poder político; estos delegados independientes vienen de un conjunto de tendencias políticas y trasfondos personales diversos. El terreno fracturado de la política institucional presenta una situación en la que la política de la calle puede exacerbar las tensiones entre los partidos políticos y los movimientos sociales. Un panorama parlamentario fragmentado puede ofrecer una oportunidad para explotar los deseos de los políticos de ser representantes para labrar espacios que son ingobernables. Una vez más, podemos aprender de los años de Allende, durante los cuales la política izquierdista anti-institucional escaló a través de Chile mientras en el parlamento las coaliciones políticas de Allende maniobraban por el poder en contra de los partidos centristas. Antes de la presidencia de Allende, los movimientos de tomas de terreno proliferaron a lo largo de Chile en la medida en que los campesinos rurales y el pueblo pobre de Santiago ocupaban tierra para labrar espacios para la vida. En gran parte, la victoria electoral de Allende fue una respuesta a la masacre de los pobladores en Puerto Montt durante la administración de Frei, una tragedia que Victor Jara conmemoró en su canción Preguntas por Puerto Montt.

Mientras las promesas de Allende de reforma agraria y un sistema socialista llevaron a su elección, campesinos y pobladores continuaron organizando tomas de terrenos autónomas antes que esperar que las promesas del gobierno se hicieran realidad. Una miríada de grupos militantes, autónomos, revolucionarios emergieron en oposición al programa de Allende—la VOP (Vanguardia Organizada del Pueblo) y el MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) fueron los más prominentes, ganando poder en los asentamientos tomados que enfrentaban la brutalidad policial tanto antes como después de la elección de Allende.

A pesar de que la rabia popular en contra de la violencia policial hacia los pobladores contribuyó a la victoria de Allende, la policía nuevamente asesinó a un adolescente en una redada a un asentamiento en Lo Hermida, Peñalolén. Los políticos izquierdistas saltaron en defensa de la policía, que había allanado el asentamiento en busca de armas, declarando que los grupos guerrilleros urbanos eran agitadores externos incitando a los pobladores a la violencia y que, al enfrentarse a la policía, la izquierda militante era responsable de crear la situación en la que un adolescente inocente había muerto. A pesar de las declaraciones de los políticos, la indignación pública en contra de la policía continuó. Luego de que se supiera que la víctima era de hecho un miembro del MIR, el MIR fue capaz de desacreditar la acusación de que eran “agitadores externos”. No todos los pobladores eran miristas, ni todos los miristas eran pobladores del movimiento por tomas de terrenos. Ni “adentro” ni “afuera”, los involucrados eran de todas formas compañeros pobladores con un profundo compromiso con la vida cotidiana y el futuro compartido de la toma.

Mientras el partido de Allende aún se oponía a grupos como el MIR, el 7 de agosto de 1972, Allende asistió al funeral del adolescente mirista asesinado por la policía. Este conflicto entre la izquierda institucional y no institucional forzó al estado a legitimar la toma—un barrio que existe hasta el día de hoy.

Las historias de grupos izquierdistas autónomos en Chile ha sido opacada por la nostalgia por Salvador Allende. Este no es el resultado más trágico de la dictadura de Pinochet, pero es un obstáculo para aprender del pasado. El golpe de Pinochet fue seguido de una campaña para desaparecer a muchos de los revolucionarios involucrados en el barrio. Los sobrevivientes de grupos como el MIR fueron empujados a la clandestinidad, abandonando sus estrategias previas de organización comunitaria por estrategias de revuelta armada clandestina en contra de Pinochet. En consecuencia, nunca sabremos si las tensiones al interior de la Unidad Popular de Allende podrían haber ofrecido oportunidades para crear espacios ingobernables. Sin embargo, uno puede imaginar un momento de conflicto en el cual las autoridades electas, temerosas de las repercusiones políticas del desalojo de un espacio autónomo—sea una toma de terreno, una plaza ocupada o un campamento en defensa de un bosque—conceden territorio a fuerzas autónomas ingobernables que se mantienen por fuera del sistema electoral.

Potencial: Responder a la Crisis Construyendo Autonomía Inter-Territorial

Así como la crisis crea las condiciones para la convención constitucional al desnudar las debilidades del orden institucional previo, también crea las condiciones para el crecimiento de otras tendencias no-institucionales que pueden responder a estas crisis y desnudar las debilidades de los próximos arreglos institucionales. La derecha no-institucional tiene la oportunidad de explotar y expandir las crisis venideras, mientras promete seguridad y estabilidad si es que se les permite gobernar. En contra del paradigma de responder a la crisis mediante escalamiento y crítica, debemos construir fuerza ingobernable mediante la expansión de prácticas de autonomía que provean sustento y bienestar para nosotros y otros.

Aquí, podemos aprender de los colapsos económicos que a menudo siguen al ascenso de los gobiernos izquierdistas, gracias a las maquinaciones de la elite económica y de los éxitos y fracasos de proyectos de la era de Allende para enfrentar la crisis de producción y logística. En respuesta a las sanciones y el sabotaje derechista el gobierno de Allende adoptó el primer sistema de cibernética, el Proyecto Cybersyn.

Este sistema de apoyo a la toma de decisiones distribuida, que recibe información económica y de producción actualizada, buscaba asistir a la auto-administración de las fábricas mediante la recolección de información de los centros de producción y el envío de directrices a las fábricas después de proyectar resultados simulados. Para 1972, el sistema era capaz de mantener la logística de Chile a pesar de las crecientes huelgas de camioneros derechistas. El límite permanente de dichas intervenciones cibernéticas en la producción y distribución es su incapacidad de incorporar el rol que la economía informal juega en asegurar el acceso a los recursos al interior de un territorio. Cuando los pobres urbanos adoptan trabajos informales y venden productos en la calle como base de su sobrevivencia, las intervenciones cibernéticas lo ven como una amenaza a la estabilidad. Los regimenes de derecha criminalizan esas actividades como decaimiento urbano; los regimenes de izquierda hacen lo mismo, etiquetandolos como un “mercado negro” que se aprovecha de la escacez. Alejados de la oposición ideológica a las soluciones cibernéticas a las crisis económicas, los proyectos que buscan instaurar una “economía planificada” raramente producen sus efectos esperados por que tienen que redirigir o desmantelar los heterogéneos sistemas creados espontáneamente por las personas para asegurar su subsistencia.

Mientras tanto, bajo Allende, el Partido Comunista y los grupos izquierdistas anti-institucionales empezaron a organizar las Juntas de Abastecimiento Popular, JAP, para asegurar acceso y precios justos por bienes básicos en los territorios urbanos. Los vecinos tomaban lo que tenían a su disposición y compartían sus recursos disponibles con sus comunidades. Como argumenta Benito Bravo, estas iniciativas autónomas de asistencia comunitaria proliferan a lo largo de Chile en tiempos de crisis. A medida que los grupos izquierdistas se involucraban en dichas iniciativas barriales, acumulaban apoyo dada su atención y respeto por las economías locales informales. A través de las JAP, la toma de decisiones colectiva en torno a la fijación de precios de los bienes básicos en cada barrio permitió la participación en la política material de los barrios. En lo que es quizás el lado más oscuro de estos consejos, también practicaban una forma de autodefensa, a veces enfrentando violentamente a los vecinos que acaparaban bienes para vender o a los que especulaban con los precios en la comunidad.

Frente a una nueva era de cambio y crisis institucional, podemos también aprender de lo que la gente no hizo durante los años de Allende. El proyecto cibernético de Cybersyn presentaba una solución de economía planificada a la producción y distribución. Mas no habia un proyecto o visión alternativa que buscara vincular autonomamente diversos territorios que desarrollaran logísticas alternativas por fuera de la economía. Dentro de cada JAP, el límite de su poder era el límite de los recursos que podían llegar al territorio de cada barrio. Como resultado, no eran solo solo dependientes del proyecto cibernético del gobierno central, pero también debilitadas por las mismas formas de violencia estructural y desigualdad económica que crean una distribución desigual de riqueza en primer lugar. Hoy, debemos buscar el desarrollo de nuevos proyectos que engendren relaciones entre territorios rurales y urbanos y las formas en que la gente y los recursos fluyen entre ellos, a fin de proponer una visión de que podría significar ser autónomo e ingobernable en un contexto de crisis. Se ha hecho obvio que el modelo neoliberal exacerba la desigualdad. La respuesta socialista es asegurar que los bienes sean redistribuidos a aquellos sin acceso previo. Sin embargo, este modelo de redistribución no es capaz de responder a una crisis de producción en la que hay escasez de bienes. La forma en que la pandemia de COVID19 interrumpió la economía global causando escasez de bienes clave como antibióticos y materiales de construcción muestra que nuestros proyectos políticos arriesgan convertirse en irrelevantes si es que dependen de la posibilidad de retornar a la normalidad capitalista.

En un mundo crecientemente volátil, los grupos autónomos y movimientos sociales pueden crecer si es que basan sus proyectos en el punto de partida de la escasez, desarrollando formas alternativas de trabajar con la gente para satisfacer sus necesidades básicas.

Conclusión: El Caso de Grecia

Bajo Syriza, el gobierno griego dejó en paz muchas tomas de terreno entre el 2015 y el 2018. En alguna medida, el barrio de Exarchia se convirtió en una zona “impoliciable”, con la policía antidisturbios manteniendo distancia y la gente del barrio resolviendo sus conflictos entre ellos mismos. Como consecuencia, en respuesta a la llamada crisis de migración que empezó en 2015, los anarquistas fueron capaces de trabajar en conjunto con los inmigrantes para ocupar gigantescos edificios para dar refugio a cientos de refugiados.

Impedidos de usar el rango completo de sus capacidades de violencia, la policía griega optó por impulsar el capitalismo ilegal y el crimen anti-social, especialmente el comercio y uso ilegal de drogas, en Exarchia, los campus universitarios y otros espacios de autonomía con la esperanza de deslegitimados y desacreditarlos. A la par de la propaganda derechista sobre Syriza y estas zonas autónomas (de forma similar a la cobertura de FOX News de la “Capitol Hill Autonomous Zone” en Seattle), esto logró darle a Nueva Democracia uno de sus puntos clave de campaña en preparación de las elecciones. Syriza había fallado en cumplir la mayoría de sus promesas al público—en gran parte, porque en una economía neoliberal global, es muy dificil proteger a los ciudadanos de un país sin que los carteles financieros internacionales se lleven su capital a otro lado.

En consecuencia, Nueva Democracia ganó las elecciones, llegando al poder con una plataforma de promesas de aplastar a los anarquistas, okupas y movimientos de solidaridad con los inmigrantes por fuerza bruta. Estos movimientos no estaban preparados para esto—los breves años de “espacio para respirar” que habían recibido bajo Syriza no habían expandido sus capacidades de lucha. En gran parte, los anarquistas griegos no se asociaron directamente con Syriza, pero igual sufrieron con la menguancia del apoyo popular a Syriza.

Posiblemente, la moraleja de la historia sea que es peligroso obtener victorias por cualquier medio que no sea la fuerza efectiva de base del movimiento, en tanto puedes terminar confundiendo tu posición como una que es más poderosa de lo que realmente eres y, en consecuencia, convertirte en el objetivo principal del estado cuando estas menos preparado para él. No hay substituto para el poder social real. Si estamos pensando en términos de años en vez de meses, la pregunta no es si es que es posible explotar las fracturas en el estado para asegurar zonas autónomas, sino más bien, cuando lo hagamos, ¿cómo evitamos que nuestros adversarios en la derecha se movilicen en contra nuestra, específicamente? ¿Cómo continuamos construyendo nuestra capacidad para luchar, incluso bajo gobiernos izquierdistas—y cómo aseguramos que las desilusiones populares con los gobiernos socialistas no permita a las fuerzas reaccionarias capturar el estado y volverlo directamente en contra nuestra, como ha ocurrido en Chile y Grecia?

Estas son preguntas que deben responderse en la práctica.